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Así será la cotización de los autónomos en 2019.

En 2019 habrá protección social para los autónomos, pero a cambio de un aumento de cuotas (subida de bases, tipos y nuevas cotizaciones obligatorias).  Estos son los cambios que entrarán en vigor el próximo enero:

Subida en las cuotas de autónomos

Todos los autónomos notarán una subida en los recibos de sus cotizaciones a partir de enero de 2019.  Por un lado hay un incremento de las bases mínimas de cotización, también de los tipos y finalmente, algunas coberturas que eran voluntarias pasan a ser obligatorias.

– Las bases mínimas de cotización tendrán un incremento del 1,25%.

– El tipo de cotización será del 30%. Incluye obligatoriamente todas las contingencias, se fija en: 28,30% por contingencias comunes, incorpora la Incapacidad Temporal y se equipara al Régimen General; el cuanto a las contingencias profesionales, será el 0,9% para todos los trabajadores e inferior a la tarifa mínima del Régimen General; para Cese de Actividad, el tipo se fija en el 0,7%, inferior a la cotización por desempleo de los asalariados, y por último, se establece el 0,1%  para Formación  y Prevención. A partir del próximo año, la subida se aplicará escalonadamente con los siguientes tramos: en 2019, será del 30%; el 30,3%, en 2020; el 30,6%, en 2021 y en 2022, se fija definitivamente el 31%.

– La cuota sube para los autónomos persona física5,36€/mes (64€/año) y para los autónomos societarios la subida es de 6,89 €/mes (82€/año), según la asociación de autónomos ATA.

– Será obligatorio cotizar por la cobertura por cese de actividad (el paro de los autónomos).

– Los autónomos tendrán la obligación de  cotizar tanto para las contingencias comunes  (enfermedad común y accidente no laboral) como para las profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional.  La única excepción serán la del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) y de los socios de cooperativas del Régimen de Autónomos (RETA), siempre que tengan un sistema de prestación social.

– La cuota de Tarifa Plana será de 60 euros al mes.  De este modo se adapta a la obligatoriedad de la cobertura por contingencias comunes y profesionales, tanto para los autónomos, con carácter general, como en los casos de discapacidad, violencia de género y terrorismo. Para ello, durante los primeros 12 meses, si se cotiza por la base mínima, la cuota será de 60 euros (51,50, por contingencias comunes y 8,50, profesionales). Si se cotiza por encima de la mínima, la cuota por contingencias comunes se reduce en un 80%. Finalmente, entre los meses 13 y 24 se aplicará una bonificación sobre la cuota por contingencias comunes que corresponda.

– Se mejora la prestación por cese de actividad (el paro de los autónomos).  Se duplican los periodos de duración de la prestación, de tal forma que se podrán llegar a cobrar hasta 24 mensualidades de prestación, con un mínimo de 4, en función de las cantidades cotizadas.

Desde enero, el paro de los autónomos dobla su duración: se podrá cobrar la prestación durante 24 meses, en lugar de los 12 actuales

– Se crea una prestación adicional que corresponde a la cotización por el trabajador autónomo, a partir del día 61 de la baja médica por incapacidad temporal (IT).  De este modo, los autónomos no pagarán la cuota de Seguridad Social a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta.

El autónomo que esté más de dos meses de baja no tendrá la carga de seguir teniendo que pagar su cuota de seguridad social.


Otras mejoras en las prestaciones que se han conseguido con el acuerdo.

– Los autónomos tendrán derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja.

– Las autónomas, dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad, podrán obtener una tarifa plana de 60€ durante 12 meses sin necesidad de cesar previamente en su actividad.

– Se mantienen tras los 12 primeros meses las bonificaciones posteriores actuales de la tarifa plana. Los beneficiarios de la tarifa plana tendrán acceso a los mismos derechos y prestaciones.

– 400.000 autónomos podrán seguir tributando en el sistema de módulos en 2019, tras la prórroga que se ha negociado con la Agencia Tributaria.

Fuente: www.rsociales.com

La CEOE no quiere registro de la jornada laboral de los trabajadores

Parece que la propuesta de llevar un control horario para todos los trabajadores, independientemente del tipo de jornada que tengan no es del agrado de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. La CEOE no quiere registro de la jornada laboral de los trabajadores ya que considera que es un paso atrás.

Volver a implantar sistemas de fichaje supone un paso atrás para dicha organización, que además considera que ya existen otros mecanismos de control horario efectivos en la empresa. Aquí lo siento pero no estoy para nada de acuerdo con esta cuestión. Puede que la gran empresa los tenga, pero las más pequeñas o determinados sectores, donde sabes la hora de entrada a tu trabajo pero no la de salida está claro que no existen o al menos no se aplican dichos controles como nos obliga desde la legislación europea.

Y lo peor es que en muchos casos no se trata de un hecho puntual. Contratar empleados con media jornada pero que realicen la jornada completa para ahorrarse los costes de la Seguridad Social no es una excepción en algunos empresarios de nuestro país. Incluso en muchos casos te encuentras que se justifican porque todo el mundo en su sector hace lo mismo y si no no se puede competir.

El registro de la jornada es la única arma que puede tener la inspección para intentar poner coto a este tipo de prácticas abusivas contra los trabajadores y de fraude con la Seguridad Social. Aunque lo cierto es que para muchos empleados firmar o no firmar las horas trabajadas a final de mes será lo de menos, ya que si hacen horas extra que no les pagan ni les compensan ya son conscientes de ello.

En lo que si estoy de acuerdo con la CEOE es que implantar el registro de jornada supone más obligaciones burocráticas o un mayor gasto para las empresas. No tanto con la posibilidad de controlar a los trabajadores que están en movilidad, que hoy en día ya hay mecanismos efectivos para ello. Para las que cuentan con horarios más regulares no será problema, porque la hoja de horas que firmarán con la nómina apenas cambiará.

Fonte: pymesyautonomos.com

Los ayuntamientos podrán ahora subir el IBI a las casas desocupadas hasta un 50%

El recargo no es nuevo pero era inaplicable a falta de un desarrollo legislativo que correrá a cargo de los propios municipios

El real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler aprobado por el Gobierno el pasado viernes entra hoy en vigor. La nueva regulación, que entre otras muchas medidas busca dotar de mayores garantías a los arrendatarios, también ofrece una herramienta clave para habilitar a los ayuntamientos a subir el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a las viviendas desocupadas.

Según el censo que realiza el INE cada diez años, en 2011 (último dato disponible) había en España más de 3,4 millones de viviendas vacías. En Madrid, eran más de 153.000, lo que equivalía al 10% del parque inmobiliario. Y aunque es muy probable que ese número se haya reducido de forma notable en estos siete años, varios ayuntamientos donde el mercado residencial está especialmente tensionado –entre ellos, el de la capital– venían reclamando al Gobierno central que les habilitara para poder emprender medidas fiscales que incentiven a los propietarios a poner esas casas en alquiler, y tratar así de aliviar las fuertes subidas de precios.

A final de su segunda legislatura, el Gobierno de José María Aznar aprobó el Decreto 2/2004 de la Ley de Haciendas Locales que permitía a los ayuntamientos exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del IBI a las casas que se encontraran desocupadas con carácter permanente. Pero la aplicación de ese precepto nunca llegó porque quedó sujeto a un ulterior desarrollo legislativo que definiera el concepto de casa vacía y que no se llegó a llevar a cabo.

En lugar de establecer una regulación estatal básica, el Gobierno ha preferido ahora delegar esa potestad a las entidades locales, para que sean ellas quienes, mediante ordenanza municipal, definan el carácter de “desocupación” y el tipo de recargo aplicable, que podrá depender de la duración del periodo en el que el inmueble haya estado vacío.

El real decreto sostiene que tendrá tal consideración el inmueble que “permanezca desocupado de acuerdo con lo que se establezca en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal”. Precisa, además, que la autoridad municipal competente no podrá declarar un inmueble como vacío sin antes realizar una audiencia al sujeto pasivo, esto es, al propietario. Exige, también, que los “indicios de desocupación” estén regulados por el ayuntamiento en la respectiva ordenanza, entre los que podrán figurar “los datos del padrón municipal así como los consumos de servicios de suministro”, como podrían ser los recibos de la luz o del agua.

A falta de estas herramientas fiscales, varias comunidades autónomas ya pusieron en marcha, en los últimos años, medidas como sanciones o incluso cesiones temporales, como es el caso del País Vasco.

Fonte: cincodias.elpais.com

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